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EL CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DEJA DE SER VÁLIDO

El certificado de actividades deja de ser válido

El Ministerio de Transportes, a través de la Subdirección General de Inspección de los Transportes por Carretera, ha remitido a los organismos con responsabilidades en el control e inspección una nueva Instrucción en la que se establece que el certificado de actividades deja de ser válido, y su utilización se sancionará con 1.001 euros. En su lugar, pasa a ser obligatorio realizar entradas manuales en el tacógrafo para completar la información sobre las actividades del conductor. Por otra parte, en el futuro habrá que registrar con un método específico los periodos de otros trabajos de al menos una semana.

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A VUELTAS CON LA FALTA DE TRABAJADORES

Compartimos la noticia que, bajo el título,

Faltan trabajadores jóvenes en España: los sectores de la hostelería, industria y construcción son los más afectados por la escasez de mano de obra. publica www.businessinsider.es 

  • Construcción, industria y hostelería son algunos de los sectores más afectados. A continuación, se detallan los motivos que explican este fenómeno.

Según un informe publicado por el Observatorio Industrial de la Construcción, en este sector los trabajadores menores de 35 años suponían el 18% de las plantillas en 2020, mientras que en 2008 eran el 40%.

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El Parlamento español aprueba la Ley contra la Morosidad en el transporte

Fuente: transporteprofesional.es

El Parlamento español aprueba la Ley contra la Morosidad en el transporte

Congreso de los Diputados
Tras un año de tramitación desde que el Gobierno puso en marcha el compromiso adquirido con las asociaciones de transportistas, el 2 de septiembre el Parlamento ha aprobado la Ley que establece un régimen sancionador contra la morosidad en el transporte de mercancías, al ser respaldada por 178 diputados, 152 abstenciones y 16 votos en contra.

La norma recién aprobada permitirá luchar de forma eficaz contra la lacra endémica de la morosidad y dilación de los pagos que sufre el transporte por carretera, como ha venido constatándose a través del Observatorio Permanente de la Morosidad y los Pagos en el transporte por carretera.

Durante casi 10 años de estudio, se ha venido constatando cada mes un incumplimiento de los plazos máximos de pago establecidos por la ley por parte de las empresas cargadoras y operadores logísticos e intermediarios que contratan a los transportistas, que han venido imponiendo condiciones abusivas a sus proveedores con impunidad, basando su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estos grandes grupos empresariales.

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ACREDITACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA, MIEMBROS UTE.

Contrato de obras


JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: Acreditación de solvencia económica por quién ha sido miembro de una UTE.

Posted: 27 Sep 2021 11:42 AM PDT

JURISPRUDENCIA DEL TJUE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Asunto C-927/19,(07/09/21) Ref.- UE116

¿PUEDE UNA EMPRESA ACREDITAR COMO VOLUMEN DE NEGOCIO, O BIEN COMO VOLUMEN DE NEGOCIOS EN EL ÁMBITO AL QUE SE REFIERE EL CONTRATO, LOS INGRESOS PERCIBIDOS COMO MIEMBRO DE UNA UTE, AUNQUE, DENTRO DE LA MISMA, NO HAYA PARTICIPADO EN LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD SIMILAR A LA QUE ES OBJETO DEL CONTRATO?

 

PREVIO. Comenzamos hoy el análisis de una sentencia muy densa que toca múltiples cuestiones (6) en materia de contratación pública. Dada la importancia práctica que puede tener los temas tratados, nos parece conveniente analizarlos de modo independiente, agrupando eso si los de similar naturaleza. Comenzaremos hoy con las dos primeras cuestiones prejudiciales planteadas, advirtiendo que el texto de las mismas no se transcribe exactamente en el modo en que se recoge en la sentencia.

Primera cuestión prejudicial planteada. El planteamiento de esta cuestión resulta sorprendente dado que la respuesta nos parece obvia, y no apreciamos en la sentencia ningún factor que dificulte tal interpretación simple. La cuestión planteada (reiteramos que no se transcribe exactamente, pero si bajo una interpretación estricta) es la siguiente: ¿La obligación de los operadores económicos de demostrar que tienen un determinado volumen de negocios anual medio en el ámbito de actividades al que se refiera el contrato público de que se trate, debe ser considerado como un requisito de solvencia económica y financiera, o como un requisito de solvencia técnica? (…)

Segunda cuestión prejudicial planteada. Respecto a esta segunda cuestión, vamos a ampliar su objeto, pues consideramos que la conclusión a la que llega la sentencia deja fuera una parte muy interesante de la misma a la que sí se refiere en los apartados en los que desarrolla esta cuestión (apartados 73 a 82)…Continuar leyendo y acceder a la sentencia.

 

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OBRAS DE MANTENIMIENTO o MEJORAS VOLUNTARIAS

Fuente: elderecho.com

La confusa frontera entre obras y mantenimiento obligatorio y mejoras voluntarias

Comunidades de Propietarios: ¿es obligatorio adaptar las edificaciones a los nuevos requisitos de eficiencia energética y aislamiento térmico?

Iván López Fernández

Tribuna 

Conforme a las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal, las comunidades de propietarios, con cargo a sus fondos, están obligadas a realizar el adecuado mantenimiento y conservación de la edificación, y tanto es así que el art. 10.1 de la citada normativa establece que tendrán carácter obligatorio y ni siquiera requerirán acuerdo de la Espacio, Vacío, Piso De Madera, Plantajunta “Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación”.

Conforme a lo anterior, cualquier propietario podría exigir a la comunidad que realizase las reparaciones pertinentes si, por ejemplo, el edificio estuviese afectado por humedades o filtraciones incluso aunque no afectasen de forma directa a su vivienda. Y si la comunidad se negase o lo ignorase, tendría disponible la vía judicial, en la que, muy probablemente serían estimadas sus pretensiones.

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LA LEY DE MOROSIDAD ATASCADA DESDE 2020

En este artículo, publicado en la autónomosy emprendedores.es  exponen la situación de una ley que no acaba de salir y que, sin duda, es imprescindible que lo haga.


LA NUEVA LEY DE MOROSIDAD ESTÁ ATASCADA DESDE 2020

Los autónomos cansados de esperar el régimen prometido por los partidos que sancione a sus clientes morosos

…..definiciones dentro del texto de la ley. La más significativa corresponde al apartado de ‘deuda vencida o pendiente de pago’ donde, por primera vez, se adjunta, además de la multa por las facturas no abonadas en plazo, los intereses de demora desde la fecha prevista para el pago. Asimismo, se plantea la creación de un observatorio estatal de la morosidad, medida que ya preveía la ley del 2004. Sin embargo, el apartado más novedoso e importante para los afiliados al RETA recae en el apartado de sanciones y el sistema que las impondrá para aquellos autónomos que ven como muchos pagadores incumplen sus pagos. En este sentido las infracciones se considerarán de la siguiente forma:

  • Infracciones leves: castigadas con multas de hasta 3.000 euros.
  • Infracciones graves: castigadas con multas entre 3.000 y 100.000 euros.
  • Infracciones muy graves: que se sancionan con multas comprendidas entre los 100.000 y 1 millón de euros.

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RESTRICCIONES EN LA EXPERIENCIA PREVIA

¡Novedad en el blog! La necesidad de extremar el celo con las restricciones en la experiencia previa en los criterios de solvencia (mailchi.mp)

La necesidad de extremar el celo con las restricciones en la experiencia previa en los criterios de solvencia

Cuando se está preparando una licitación, la redacción de los criterios de adjudicación es cada vez objeto de un mayor análisis y trabajo profundo.
En nuestra opinión, sin embargo, existe un cierto automatismo y repetición de un pliego a otro respecto de los requisitos de solvencia técnica… a saber volumen de negocio menor al 1,5 veces el valor estimado (tomando por cierto lo que es un criterio subsidiario como tópico) y la experiencia en contratos similares.

Sorprende, a su vez, el escaso número de procedimientos restringidos cuando, al contrario,  se cierra de plano el acceso de licitadores con criterios de solvencia (especialmente la experiencia previa y el equipo de trabajo) cuanto menos curiosos (-por emplear una expresión…-).

No en vano, el objeto de la solvencia técnica o profesional es establecer unos requisitos que toda entidad licitadora debe cumplir si desea participar en el proceso de licitación. Lo que viene siendo una barrera o puerta de entrada (según quiera verse).

 

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REFORMA DE LA LEY CONCURSAL

Compartimos el artículo que publica elconfidencial bajo el título:

Diez claves para entender la reforma concursal que impulsa el Gobierno para transponer la Directiva de Insolvencia….

1. EXONERACIÓN DEL CRÉDITO PÚBLICO A EFECTOS DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Esta es una las críticas que ha hecho la mayor parte de los operadores jurídicos que creen que de esta forma la Segunda Oportunidad se va a frenar de forma notable.

Para Sanjuan y Muñoz “estas tesis van en contra de la sentencia del Supremo de 2 de julio de 2019 que si permitía la exoneración y al mismo tiempo si no exoneramos no va a ver Segunda Oportunidad”.

A su juicio, “la reforma que mantiene los privilegios del crédito público es un paso atrás en la implementación de la Segunda Oportunidad para autónomos y empresarios”.

2. PROTECCIÓN EXCESIVA DEL CRÉDITO PÚBLICO

Desde su punto de vista, “revisando este texto normativo se observa una protección excesiva de dicho crédito público. La revisión que se ha hecho con este texto protege el crédito público que debe pagarse y con carácter privilegiado en cualquier situación”.

Este experto señala que no llega a entender esta sobreprotección que hace el legislador, “en la mayoría de los asuntos no es tanta la deuda que pierda el Estado”.

A su juicio, “dicha protección perjudica que se llegue a acuerdos tanto en materia preconcursal como en materia de convenio en el concurso. Si esto no se arregla hay que ir a concurso y ya sabemos que muchos acaban en liquidación”.

3. DEJA FUERA LA INTERVENCIÓN DEL ABOGADO EN EL TEMA DE LAS MICROEMPRESAS Y SUS PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA

Este experto señala que la reforma deja al criterio privado la necesidad de contar con un abogado en este tipo de procedimientos.

“Es más parecido al sistema inglés en cuanto a funcionamiento. En ese planteamiento debería tenerse en cuenta aquellos empresarios que no tienen capacidad para consultar a un abogado”.

También aclara que “la directiva señala que hay que ofrecer a estas personas las herramientas adecuadas para que llegue a acuerdos. La reforma cree que con las herramientas que se van a poner el empresario pueda solucionar su cuestión».

En su opinión, hay que contar con los abogados especializados y la justicia gratuita. «Eso significaría reformar la Ley de Justicia Gratuita para que personas físicas, empresarios o no pudieran tener ese asesoramiento jurídico que necesitan”.

“Esta es una demanda de muchos abogados, especialmente el ICAB de Barcelona. El autónomo que no tenga capacidad económica pueda reclamar justicia gratuita al no ser obligatorio el abogado en este tipo de asuntos”.

4. LA NO OBLIGATORIEDAD DEL NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

Sanjuan y Muñoz destaca que se ha discutido mucho sobre la no obligatoriedad del nombramiento del administrador concursal, sobre todo en materia de microempresas.

El nombramiento se produce, explica, “en principio solo si lo solicitan un porcentaje de acreedores o el deudor. Esta práctica se ve en el derecho comparado y países como Reino Unido lo han puesto en marcha”.

“El Registro de Economistas Forenses (REFOR) se ha quejado sobre esta cuestión. Debe haber alguien que controle la liquidación de esos bienes que no sea el deudor, de ahí que pueda ser necesario contar con estos profesionales especializados, administradores concursales”.

5. PROCEDIMIENTO DE ALERTA TEMPRANA

Este procedimiento lo exige la Directiva que ahora se transpone, “en países como Francia o Italia ya está funcionando. Se trata de herramientas que le digan al empresario porqué va mal y qué tipo de solución necesita”.

“Se puede contar con el asesor contable o fiscal del empresario habitual o un abogado que le orienta. Sin embargo, la reforma plantea una serie de cuestionarios para que se vayan rellenando para saber cómo va su empresa”.

De esta forma, “lo que se pretende es que Hacienda y la Seguridad Social avisen al propio empresario de su situación. A mi juicio deberían incorporar instrumentos privados de asesoramiento privados a empresas que es más eficaz y eficiente”, aclara.

Ahora con esta propuesta se habla de implementar “una herramienta electrónica que recoja la información del empresario tanto a nivel de ingresos como de deudas, pero creo que no es suficiente lo que se plantea».

6. DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA PÚBLICA DE LIQUIDACIÓN

Uno de los temas más criticados por los expertos es la puesta en marcha de dicha plataforma que viene reflejada en la disposición adicional quinta de la nueva reforma concursal.

“Se pretende crear una plataforma de subasta pública electrónica donde se incluyan todos los bienes de las empresas que estén en concurso para que se pueda pujar al alza o incluso recoge la posibilidad de venta directa”.

Para Sanjuan y Muñoz, “esta medida hace mucho daño a las empresas de liquidación de activos que ahora existen. Al margen de ello, el gran problema que podemos encontraros es que todo esto se convierte una subasta a la baja. Lo ve todo el mundo pero no significa que se vende por el mayor valor”.

A su juicio, “hay que estudiar bien cómo se hará, sustituir lo privado por lo público es como dar un servicio público que no es necesario. Nadie duda de su efecto a nivel de transparencia pero a la hora de ejecutar esto no debe ser tan rígido para que los bienes no se desvaloren”.

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LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

Fuente: lavanguardia.com

Compartimos este interesante artículo que publica Salomé Garcia en la Vanguardia en el momento en el que está apunto de aprovarse el del anteproyecto de ley de Formación Profesional por parte del Consejo de Ministros.

La Formación Profesional Dual, una vía de éxito hacia el empleo

INSERCIÓN LABORAL

Realizar prácticas en la empresa con responsabilidades y tareas reales es la clave de esta formación, que además impulsa la rápida inserción en el mercado laboral

Este sistema ofrece tanto valor a los futuros profesionales que hoy recibe un fuerte respaldo con la aprobación del anteproyecto de ley de Formación Profesional por parte del Consejo de Ministros

La Formación Profesional Dual, una vía de éxito hacia el empleo
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Técnico en Robótica Industrial, Mantenimiento Electrónico, Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, Química Industrial o Animaciones 3D. Estas son solo algunas de las profesiones a las que se accede a través de la Formación Profesional de grado medio y superior. Perfiles técnicos y muy cualificados, que destacan por su alta capacidad de inserción en el mercado laboral, con tasas que superan el 60% a los cuatro años de finalizar el ciclo formativo.

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OCUPAS AL VOLVER DE VACACIONES

Comparto el artículo publicado en adndelseguro.com facilitado por @José San Millán, experto de la Correduria de Seguros Francisco Laso. ¡Todo lo que hagamos por acabar con esta  lacra, será poco.!

¿Qué es lo que ocurre si al volver de vacaciones tenemos la vivienda ocupada?

LEY 5/2018, DE 11 DE JUNIO EN RELACIÓN A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS -  Administrador de Fincas - Afyser MediterráneoEs fundamental mantener la calma y saber que las viviendas de particulares tienen una gran cobertura legal y es difícil que un ocupante ilegal pueda quedarse demasiado tiempo en ella. Esto es así porque entrar en una vivienda de estas características es allanamiento de morada, con una penalización de hasta dos años de cárcel.

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