Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, y del Comité Europeo de las Regiones.
Entre los que se incluye:
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas (2021/C 155/11)
El CESE, entre otras conclusiones y recomendaciones, acoge favorablemente la adopción por parte de la Comisión Europea de una propuesta de estrategia de la Unión titulada «Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas», y señala que “esta estrategia constituye una necesidad absoluta e indispensable para la Unión Europea y sus ciudadanos, estrategia que el CESE pretende apoyar e impulsar activamente con sus reflexiones y propuestas”.
Además, considera que esta estrategia, dada su especial dimensión y su proyección hacia 2050, requiere un marco jurídico y financiero estable, comprensible y adaptado, tanto mediante la aplicación de un fondo europeo de inversiones específico, planes de inversión plurianuales y un nuevo «semestre verde», como mediante la creación de un marco jurídico específico y adaptado en materia, por ejemplo, de ayudas estatales, tipos de IVA aplicables, contratación pública, hipotecas «verdes» y normas de rendimiento energético.
Por otro lado, el CESE, entre otras observaciones generales, señala que la Comisión debe garantizar en paralelo la convergencia de las disposiciones existentes, las que deben revisarse y las propuestas de nuevas disposiciones, no solo para los Estados miembros y sus estrategias de inversión a largo plazo, sino también para los hogares, los arrendadores de viviendas sociales, las autoridades públicas y las empresas, todos ellos responsables finales de la adopción de decisiones individuales de inversión a largo plazo —cada una de ellas siguiendo su propia lógica— que propiciarán la difusión de la ola de aquí a 2050. En este sentido, indica que esta necesidad de convergencia se aplica igualmente cuando se trate de revisar las disposiciones existentes sobre, por ejemplo, la contratación pública, entre otras.
